Para el 2029, la Ciudad de Buenos Aires proyecta prohibir todo transporte público que no se impulse con energías renovables. Si bien la iniciativa de erradicar los vehículos a base de diesel se encuentra todavía en discusión, el gobierno porteño quiere avanzar con rondas experimentales con el fin de transformar la movilidad de la ciudad en un modelo 100% sustentable.
La legislatura trató en comisión un proyecto el cual pretende modificar el código de tránsito y permitir que comiencen las pruebas piloto del uso de transporte de pasajeros y de carga a través de colectivos y camiones eléctricos, híbridos o de baja emisión y ver cómo se adaptan a las características de Buenos Aires.
La presentación del proyecto frente a los diputados estuvo a cargo de Clara Sanguinetti, directora general de la Subsecretaría de Planificación y Movilidad del gobierno, que defendió que se establezca un periodo de transición de dos años -con la posibilidad de prorrogar un año más- para realizar pruebas piloto con los vehículos y donde se analicen las modificaciones que se necesitan en el trazado urbano como: la adaptación de calles y avenidas, cambios en la infraestructura pública, inversión en transporte verde y fuentes de energía ecológicas, ubicación de estaciones de recarga eléctrica, una nueva VTV y otros interrogantes que abre la idea de hacer un cambio radical en el transporte con la fecha límite proyectada a 2029.
En la sesión de la Jefatura de Gobierno señalaron que es necesario primero probar la tecnología para definir la viabilidad del proyecto y legislar acorde a ello un cambio estructural de grandes dimensiones en la ciudad. De ser aprobada esta iniciativa, trabajarán con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo que quedará a cargo del monitoreo de las pruebas.
Las pruebas serían con vehículos ecológicos de última milla para el caso de transporte de carga y buses de pasajeros de baja emisión que tienen un costo que triplica el valor de mercado de un colectivo diesel.
Lucas Utrera, director de sustentabilidad del estudio SMS Buenos Aires dijo a La Nación:
“En la Argentina la conversación recién está empezando, estamos lejos de estar a la vanguardia en la materia. Hay países vecinos que están más avanzados como Brasil y Uruguay, pero hay una oportunidad de aprender de otras experiencias en la región. Hay un camino largo por delante para entender todos los intereses en juego desde posturas a favor del cambio, a la posible resistencia de sectores más tradicionales que sienten que esto significa una pérdida de una posición que ocupaban y no ven la forma de adaptarse”.
En la sesión los Diputados coincidieron que el desafío más grande en la electromovilidad es que requiere de grandes inversiones privadas, en especial a lo que concierne al transporte de cargas.
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Utrera refirió que existe un contexto de finanzas sostenibles en el cual los fondos inversores y los organismos internacionales en general están en la búsqueda constante de este tipo de proyectos; comentó:
“Todas las emisiones de bonos verdes en América y el mundo apuntan a las energías renovables, la construcción y movilidad sostenible. Son el principal foco de los millones de dólares que se están moviendo para desarrollos sustentables”.
Así como también indicó:
“La inversión implica que haya cierta previsibilidad y reglas de juego que la Ciudad tiene que garantizar. Hay muchos mecanismos financieros para que las empresas de transporte no tengan una experiencia shockeante de tener que asumir la transición por sí solas. Los bancos locales pueden ser un gran actor que contribuya con esto, o la Ciudad quien asume un rol mayor. Si hay un instrumento legal que formalice la transición, tomando este plazo de 2029 como referencia, a partir de ahí es posible sentar en la mesa a los diferentes actores para evaluar cuál es el mejor camino para encontrar los fondos”.
El especialista señaló que con los vehículos eléctricos o híbridos, lo más importante va a ser garantizar la trasparencia de donde proviene la energía que los impulsa. Según su análisis, el Estado tendrá que comprobar que surge de fuentes renovables.
Fuente: La Nación